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Lima, 9 de diciembre de 2013

Señor Eduardo Vega Luna Defensor del Pueblo, miembros del Poder Judicial, Ministros/as y Congresistas:,

Por medio de la presente, los ciudadanos abajo firmantes, demandamos su fiscalización para que se lleve imparcialmente y acorde con la justicia el caso legal en contra de la familia Acuña Chaupe en el Juzgado Penal Unipersonal Celendín, sin repetirse los errores judiciales de ley y hecho como en la previa sentencia de Octubre 2012.

Máxima Acuña de Chaupe y su familia temen el DESALOJO de su casa en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, en la región Cajamarca. Desde 2011, ellos han sido víctimas de violentos intentos de expulsarlos de su propiedad por parte de la minera Yanacocha y de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Peruana (DINOES), que se encuentra al servicio de la empresa minera.

En 1994, Máxima Acuña de Chaupe compró la tierra donde vive con su familia. En 2011 se negó a venderla a la empresa minera Yanacocha, dueña del megaproyecto Conga. Sin embargo, la empresa aduce que dicho terreno les ha sido vendido directamente por los directivos de la comunidad de Sorochuco, por lo que ha intentado expulsarlos repetidamente usando a la policía y a su personal de seguridad privada.

Uno de los violentos incidentes, el 11 de agosto de 2011, dejó a la señora Acuña y su hija inconscientes a manos de la DINOES y a varios de sus animales muertos. El 30 de enero de 2013, la DINOES, entró en su propiedad e intentó desalojarlos nuevamente, sin ninguna orden de desalojo o mandato judicial. Yanacocha sigue afirmando que la familia Chaupe Acuña ocupa ese terreno de manera ilegal; pero dicha familia nunca lo vendió y poseen los documentos que prueban que son los propietarios.

Máxima Acuña de Chaupe ha denunciado los actos de violencia por parte del personal de Yanacocha y la DINOES ante la Policía y el fiscal local. Ella está frustrada al ver que sus denuncias no son tomadas en cuenta como las de la minera Yanacocha, la cual los ha sometido a un juicio por USURPACIÓN. En el primer intento, la juez de la provincia de Celendín, el 29 de octubre de 2012, los declaró culpables de “ocupación ilegal o usurpación“, condenándolos a tres años de prisión suspendida y al pago de una indemnización a favor de la empresa minera. En julio de 2013 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca anuló esta sentencia por contener irregularidades, al no haber considerado como prueba una evidencia fundamental: el documento de posesión de la familia.

Ahora se encuentran en otro proceso judicial, cuya audiencia final se llevará a cabo el viernes 3 de diciembre en el Juzgado Penal Unipersonal de Celendín. La familia Chaupe Acuña teme que nuevamente se resuelva en contra suya, pues el gobierno peruano y el sistema judicial tienen ya el antecedente de haber fallado en contra de sus ciudadanos, poniéndose del lado de la empresa minera.

Máxima Acuña de Chaupe vive en una zona rural, aislada y vulnerable. No puede planificar su futuro, ya que cada día para ella es una incógnita. Tiene miedo de salir de su casa, pues vive en permanente preocupación de que la policía vuelva a lastimar a su familia. Por ello, Máxima Acuña de Chaupe y su familia deberían recibir inmediata protección del gobierno peruano.

Como autoridad Peruana, le exigimos que:

1.Investigue a fondo todos los actos de violaciones a derechos humanos, intimidación, amenazas y hostigamiento que le han ocurrido a Máxima Acuña y su familia, cometidas por la empresa minera Yanacocha, sus cuerpos de seguridad privado y la Policía Nacional del Perú.

2.Inste al Poder Judicial a que evalúe el caso de manera objetiva, que tenga en cuenta todos los elementos e indicios probatorios para emitir un fallo adecuado y justo.

3.Investigue a fondo el papel de Yanacocha en desalojos ilegales y adquisición irregular de propiedades privadas en las zonas de sus proyectos.

4.Ofrezca protección para garantizar que no vulneren los derechos humanos de Máxima y su familia.

5.Solicite el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre las violaciones de derechos humanos que sufren Máxima Acuña y su familia, cometidas por la empresa minera Yanacocha, sus cuerpos de seguridad privados y la Policía Nacional del Perú.

Atentamente,

1. Cecilia Méndez Gastelumendi, DNI 08799664

2. Elliot Túpac 981458020

3. Natalia Iguiñiiz Boggio 09852744....

4. Carmen Ilizarbe Pizarro DNI 10551081

5. Valeska Ruiz Peña dni 41916391....

6. Javier Jahncke Benavente DNI N° 07261449

7. Claudia Cisneros Méndez DNI 10276060

8. Victor Vich Florez DNI 09389668

9. Maya Watanabe Landolt DNI: 42334917

10. Nelson Manrique Gálvez DNI 07779676....

11. Diego Trelles Paz DNI 10770076....

12. Rocío Silva Santisteban Manrique DNI 07822730

13. Gisela Ortiz Perea 09615782

14. Fernando Bryce Vivanco DNI 06509558

15. Indira Huilca Flores DNI 45218393

16. Elizabeth Lino Cornejo DNI 07880949

17. Francisco Soberon Garrido DNI 10272012

18. Gabriel Salazar Borja 42593017

19. Piero Quijano Pimentel DNI 07199808

20. Rodrigo Quijano Pimentel DNI 07180206

21. Patricia Ciriani DNI 47827308

22. Jorge Miyagui DNI 25854611

23. Augusto del Valle Cárdenas DNI 07921257

24. Orestes Bermúdez Rojas 40497799

25. Lourdes Cháves Morey DNI 09049249

26. Victoria Guerrero Peirano DNI 09645644

27. Félix Álvarez Torres DNI 10054140

28. Gabriel Alayza Moncloa DNI 41165786

29. Ana Teresa Barboza DNI 40947323

30. Claudia Benavides Allain DNI 10803988

SIGUEN FIRMAS...